Introducción
Entre los distintos limitantes al crecimiento económico que enfrenta nuestro país,
la disponibilidad de crédito productivo es uno de los más importantes. Tras la crisis
financiera de 1994-1995 el crédito al sector privado en México se contrajo y no ha
podido recuperarse.
En una economía en desarrollo, donde son pocas las empresas que tienen la
posibilidad de acceder al financiamiento, o bien, a la colocación de títulos de deuda
y acciones en los mercados de capitales, el crédito bancario se vuelve un elemento
esencial en el apoyo a sus actividades productivas. Pese a ello, el crédito bancario enMéxico es escaso y caro. Para tratar de analizar el por qué de estas características,
se explorarán brevemente algunas de las condiciones de oferta y demanda en el
mercado de crédito. Se describe también la alternativa que las empresas mexicanas
han encontrado para hacerse de recursos cuando no son sujetas de crédito; es decir,
se mencionan algunas de las ventajas y desventajas que el financiamiento de proveedores representa para la mayor parte de las empresas del país.
Posteriormente se intenta determinar si durante los últimos años el crédito ha
sido funcional al crecimiento económico, así como analizar la relación causal que
existe entre ambas variables.
Pese a que la reforma financiera se llevó a cabo en nuestro país al mismo tiempo que otras (como la liberalización comercial y el redimensionamiento del Estado)
y que la medición del impacto que ésta ha tenido en el desempeño de nuestra economía no se puede aislar completamente, se realiza un ejercicio estadístico simple
para intentar establecer si existe un parámetro que nos permita cuantificar la forma
en que el crédito bancario apoya el crecimiento. El análisis estadístico se lleva a cabo
utilizando información para el mercado crediticio en México, en el período que va
de 1995 a 2012. Es decir, se analiza el comportamiento del crédito bancario y su relación con el crecimiento económico en los años posteriores a la crisis económica
de 1994-1995.
La teoría económica establece que la disponibilidad de financiamiento es una
condición fundamental para el apoyo al crecimiento económico. El papel que juegan
los intermediarios financieros es el de captar recursos de la sociedad para canalizarlos
en forma de créditos a las empresas con proyectos más rentables, propiciando con
ello un mayor crecimiento económico. Otra de las funciones de los intermediarios
financieros es que permiten administrar riesgos, pues diversifican los plazos entre
los recursos que captan y los que prestan, de tal forma que los agentes económicos
que ahorran no quedan expuestos de forma directa a aquellos que utilizan los recursos financieros.
Los intermediarios financieros ofrecen, además, la ventaja de mantener cierta
vigilancia entre sus acreditados; es decir, los intermediarios conocen el historial crediticio de sus clientes y el comportamiento que han tenido en sus cuentas, poseen
información sobre la situación financiera de un gran número de agentes y orientan
sus recursos a aquellos que les ofrecen mayor seguridad.
Así, el crecimiento económico a largo plazo depende, entre otras cosas, de la
capacidad de aumentar las tasas de acumulación de capital, de la utilización de los activos de manera eficiente; lo cual se logra a través de una intermediación financiera
que movilice el ahorro familiar y externo a la inversión empresarial, asegurando que
los fondos se asignen de forma más productiva y diversifiquen el riesgo, proporcionando liquidez a las empresas (FitzGerald, 2007).
Pese a las bondades que supone la existencia de instituciones financieras, es
preciso indicar que, en ocasiones, la teoría económica convencional no tiene en
cuenta la calidad de las mismas, ni los problemas relacionados con la información
asimétrica y la competencia imperfecta que caracterizan al sector financiero y que
pueden producir niveles de financiamiento inferiores al óptimo, así como una distribución ineficiente de recursos en detrimento del crecimiento económico (Stiglitz y
Weiss, 1981).
Durante buena parte del siglo xx se consideró al sistema financiero de México
como reprimido, pues hasta la década de los ochenta el gobierno establecía tasas de
interés, encajes legales y cajones de crédito. Por ello, en las décadas de los ochenta y
noventa se impulsaron reformas financieras que pretendían liberar al sistema, elevar
el ahorro de la población y con ello, estar en posibilidades de otorgar una mayor
cantidad de créditos.
Los defensores de la liberalización financiera argumentaban que ésta conducía
a un mayor desarrollo financiero a través de una más alta disponibilidad de crédito, resultante de la abolición de los topes a las tasas de interés. Adicionalmente,
la selección de proyectos de inversión por parte de las instituciones financieras
ayudaría a elevar la productividad marginal del capital (McKinnon, 1973).
No obstante, enfoques más críticos argumentaban que la liberalización promovería una menor disponibilidad de fondos para el sector productivo, pues las
mayores tasas de interés real redistribuirían el ahorro (tradicional) hacia nuevos
activos financieros, dejando el ahorro total inalterado y reduciendo así la cantidad
de fondos prestables para el sector productivo (FitzGerald, 2007).
Antecedentes
El sistema bancario en México es resultado de una compleja transformación en la
que se encuentran procesos de desregulación, expansión, crisis, estatización, privatización y extranjerización. Así por ejemplo, en la década de los cuarenta existía
una marcada división entre banca comercial e instituciones de inversión. En los
cincuenta se obligaba a los bancos comerciales a mantener en el Banco de México
depósitos proporcionales a las obligaciones que tenían por depósitos de reclamo
inmediato; lo mismo que en los sesenta donde además, el financiamiento a la inversión tuvo gran participación estatal.
Uno de los acontecimientos fundamentales en la década de los setenta fue la
creación de la banca múltiple (en 1974), la cual comenzó operaciones en 1976. Se
pretendía que ésta asegurara financiamiento a mayores plazos para la industria; que
avanzara en la asignación eficiente del crédito, homogeneizara el régimen de encajelegal, incrementara la oferta de productos financieros y mejorara el control y la
vigilancia de las instituciones (Girón, et al., 2005).
Hacia finales de la década de los setenta la economía mexicana atravesó por una
serie de desequilibrios como: un menor ritmo de crecimiento, acelerada inflación,
elevados coeficientes de dolarización, imposibilidad de complementar el ahorro interno con flujos de capital externo; sobrevaluación cambiaria, un déficit comercial
insostenible agravado por la caída en los precios del petróleo, alto déficit público
y un importante incremento en las tasas de interés internacionales. Todos estos
hechos causaron además importantes afectaciones a las finanzas de los bancos comerciales que culminaron con su estatización.
Cabe señalar que si bien se presentó un álgido debate en torno a si la nacionalización bancaria fue una medida adecuada o no, especialistas como Tello (1984) y Solís (1997) establecen que se trató de una determinación que irremediablemente se
debía tomar debido a que un buen número de bancos se encontraban técnicamente
quebrados.
En 1983 los bancos comerciales fueron trasformados en sociedades nacionales
de crédito; más tarde, en 1985 con el objeto de racionalizar y optimizar sus operaciones se redujo su número. De 60 instituciones existentes en 1982 se revocaron
11 concesiones, se fusionaron 28 bancos en 12 sociedades y 17 más conservaron
su denominación con lo que se contaba con 29 bancos, posteriormente, entre 1985
y 1988 se fusionaron 11 bancos más, totalizando así 18 sociedades nacionales de
crédito (Solís, 1997).
A partir de 1988 el país inició un proceso de reforma económico-financiera.
Paulatinamente se eliminaron los cajones selectivos de crédito y se liberalizaron las
tasas de interés. Poco después, en mayo de 1990, el gobierno anunció la desincorporación bancaria y expidió las bases para dar inicio al proceso en septiembre del
mismo año. Entre los objetivos de la reprivatización se encontraban: contar con un
sistema financiero eficiente y competitivo; garantizar una participación diversificada
y plural en el capital de los bancos; vincular la aptitud con la calidad moral de la administración de los mismos; asegurar que la banca fuera controlada por nacionales;
lograr descentralización y arraigo regional en las instituciones; obtener un precio
justo por ellos; conformar un sistema financiero balanceado y propiciar prácticas
bancarias y financieras sanas (Solís, 1997).
Entre 1991 y 1992, se desincorporaron los 18 bancos que hasta ese momento
pertenecían al gobierno. Para algunos especialistas, el mecanismo de privatización
fue inapropiado pues benefició a casas de bolsa que, en algunos casos, eran propiedad de los antiguos administradores de la banca comercial. Además, los bancos
recién privatizados aprovecharon la inadecuada regulación y supervisión para propiciar un excesivo aumento en el crédito (por encima de la dinámica real de la economía), a lo que se sumaron las precarias prácticas de valuación del riesgo y el rezago
tecnológico en el sector bancario de esa época (de la Cruz et al., 2011).
Dos años más tarde, en 1994, se presentó una salida de capitales producto de
desequilibrios monetarios y acontecimientos políticos que contaminaron el ambiente económico, lo que redujo considerablemente la liquidez del mercado. Lo anterior
se agravó por la emisión de bonos gubernamentales a corto plazo denominados en
dólares y por la libre convertibilidad, que ocasionaron una rápida reducción de las
reservas internacionales y una crisis económica. Tanto la crisis como la devaluación
de la moneda (en diciembre de 1994) incrementaron la cartera vencida bancaria.
Además, la elevación de las tasas de interés y el mayor desempleo, exacerbaron el
incumplimiento de las obligaciones de los deudores, causando graves problemas en
el sector bancario y obligando al gobierno a adelantar la entrada del capital extranjero al sector con el fin de encontrar fuentes alternas de capitalización.
Si bien éste proceso de apertura incrementó la capitalización del sistema, también redujo el número de bancos, concentrando aún más el poder de mercado de
las instituciones sobrevivientes. De los 18 bancos existentes en 1988 y derivado del
proceso de adquisiciones y fusiones, sobreviven actualmente seis: Citicorp-Banamex,
bbva-Bancomer, hsbc, Scotiabank-Inverlat, Santander-Serfin y Banorte; de los cuales
sólo uno (Banorte) tiene capital nacional mayoritario. Aunque en la actualidad existen poco más de 40 instituciones bancarias en el país, son éstas seis las que mantienen la mayor parte de los activos, la cartera y las utilidades del sistema en el país.
Entre los argumentos en favor de una mayor presencia de bancos extranjeros se
encontraba que éstos aportarían nueva tecnología y técnicas administrativas, elevarían la productividad y la competencia del sector y se contaría con fuentes de acceso a capital internacional. También, se decía que serían una fuente de estabilidad ante
turbulencias financieras internacionales y que los bancos centrales de los países de
origen monitorearían la conducta de sus bancos apoyando a los reguladores locales.
Otros estudios mostraban que la presencia de bancos extranjeros incrementaba la
estabilidad de los sistemas locales. Crystal, Dages y Goldberg (2001) argumentaban
que los bancos extranjeros poseían una mayor cantidad de reservas que los locales
y que trataban con mayor firmeza el deterioro en la calidad de su cartera. Por otro
lado, existían también, preocupaciones por la entrada de la banca extranjera. Una de
las principales era que dado su tamaño, estos podían ser demasiado grandes para ser
supervisados, y que sus intereses serían distintos a los del país; incluso que podían
servir de conducto para grandes entradas y salidas de capital que distorsionarían el
mercado, además de que sectores de bajos ingresos y pequeñas empresas quedarían
sin atención por parte de éste tipo de intermediarios (Stallings, 2006).